Política

Puerto Rico cooperará con justicia dominicana, tras arresto de Donald Guerrero en Operación Calamar

El exministro de Hacienda es dueño de cuatro agencias de vehículos en esa nación.

Tras el arresto del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, como parte de los imputados de cometer actos de corrupción contra el Estado, caso desmantelado por el Ministerio Público en la Operación Calamar, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que ese país está en la disposición de cooperar con las autoridades dominicanas.

 “El gobierno de Puerto Rico va a cooperar con las autoridades del gobierno dominicano en todo lo que respecte a cualquier vínculo con Puerto Rico”, indicó el mandatario.

Pierluisi expresó lo anterior porque Guerrero es el principal accionista de los concesionarios AutoCentro Toyota, AutoCentro Nissan, Dodge Chrysler Jeep y Autogermana BMW en Puerto Rico.

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Las declaraciones de Pierluisi están reseñadas en el portal boricua El Nuevo Día.

“Vamos a estar pendientes y yo estoy seguro que el Departamento de Justicia se pondrá a la disposición de su contraparte dominicana”, aseveró Pierluisi.

El sábado pasado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) puso en marcha la Operación Calamar que resultó unos 40 allanamientos y 19 personas arrestadas, entre las que figuran los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, este último también fue candidato a la Presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2020.

De acuerdo a una nota de prensa, esta investigación le tomó varios meses al Ministerio Público, debido a su alto nivel de complejidad.

Según el órgano persecutor, el entramado de corrupción desmontado distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

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